Las terapias de conversión son un delito disfrazado y normalizado por una sociedad intolerante, del que son víctimas tanto mujeres como hombres
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen en materia de tipificación para las llamadas terapias de conversión.
Así, se impondrán de dos a cinco años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a quien imparta u obligue a recibir todo contrato, tratamiento, terapia, servicio, tarea o actividad que pretenda corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de México.
El diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, fue quien impulsó la iniciativa de reformas, en septiembre del año 2018 y que hoy aprobaron las comisiones unidas, asegurando que la aprobación de este dictamen es un avance importante, porque fue una exigencia de la comunidad LGBTTTI.
“Las terapias de conversión no han logrado ser sancionadas en ninguna otra entidad de la República, la Ciudad de México se puede poner a la vanguardia. Ciertamente ha sido un tema complicado para dictaminar, para encontrar el tipo penal adecuado, que la redacción empate con nuestras leyes, con el Código Penal y la Ley de Salud local”.
En sesión remota, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez, explicó que un derecho humano es el derecho sexual y reproductivo, y dentro de éstos se encuentra determinar libremente la orientación sexual e identidad de género.
“Es un tema de los más complejos que ha requerido de un análisis profundo para garantizar en el Código Penal que no se atente contra el libre desarrollo de las personas”.
Por lo tanto, agregó, una persona no puede ser obligada, bajo ninguna circunstancia, para alterar o modificar la expresión o identidad de género.
Por ello se modificó el Artículo 190, correspondiente al Capítulo de Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad y la Identidad Sexual.
Con las observaciones y propuestas de diputadas y diputados también se estableció que a quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad. Incluso este delito se perseguirá por querella.
Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado, celebró la participación de diputadas y diputados en la elaboración del dictamen, “hubo interés para atender un tema urgente como son las llamadas terapias de conversión, que no son más que un delito disfrazado y normalizado por una sociedad intolerante, es un delito del que son víctimas tanto mujeres como hombres”.
Recordó que según el informe de la Convención Sobre todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el año 2018, las mujeres lesbianas y bisexuales son objeto de amenazas constantes de someterlas a llamados métodos de curación, que conllevan a un sinnúmero de violaciones a sus derechos humanos.
En un mensaje final, el diputado Eduardo Santillán resaltó el acompañamiento que hicieron durante el análisis y discusión del dictamen la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, la Consejería Jurídica, así como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).
La congresista Paula Soto indicó que el trabajo colectivo enriquece la discusión, “ojalá esto se tuviera en todos los temas”.
iPR
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